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Fundinorte pide frente a Delegación de Gobierno soluciones

01 Ago 2018
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Reunión del comité de empresa con Zuloaga Reunión del comité de empresa con Zuloaga

La plantilla de Fundinorte y algunos familiares, antiguos trabajadores y amigos se manifestaron en Santander, frente a la Delegación del Gobierno, para pedir soluciones a la crisis que atraviesa la fundición de San Felices de Buelna. El delegado del Gobierno, Pablo Zuloaga, les recibió, escuchando sus peticiones y comprometiéndose a interceder ante el Gobierno regional.

En un encuentro que ha durado algo más de cuarenta minutos, Francisco González, presidente del comité de empresa, ha explicado al delegado cual es la situación “insostenible” de los trabajadores y sus familias. En la reunión, los trabajadores además, han explicado al delegado del gobierno, que en los últimos días, “han podido observar cómo se están sacando materiales de la fábrica”.

Los trabajadores también han solicitado al delegado que interceda para provocar una reunión  a varias bandas entre el empresario, Gobierno de Cantabria, Sodercan y trabajadores, para poder plantear el futuro de las 53 familias antes de que se terminen los plazos de ejecución del ERE y la posible liquidación.

Tras atender a las explicaciones del comité, Pablo Zuloaga se ha comprometido a dar traslado de la situación planteada por los trabajadores al Gobierno de Cantabria a través del presidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla buscando que se aseguren los derechos de los trabajadores y el patrimonio público

Nota del Gobierno de Cantabria

El Gobierno de Cantabria hizo pública una nota al término de esa reunión en la que asegura que continúa “sin recibir noticias” del compromiso del Grupo Vela con la planta de San Felices de Buelna y ha asegurado que el propietario sigue sin responder a la propuesta de viabilidad planteada por el Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF) y la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria (Sodercan) para poner de nuevo en marcha la factoría, recuperar la cartera de clientes y la actividad industrial, y así resolver la situación generada a los trabajadores.

Ha indicado que tampoco ha recibido ninguna alternativa por parte de la propiedad de la empresa, que hasta el momento “no ha ofrecido formalmente ni a ICAF ni a Sodercan ningún tipo de garantía o aval que garantice el futuro de la planta”.

Todo ello, -sostiene- a pesar de que, desde principios de 2018, ambas entidades públicas vienen manteniendo reuniones con los propietarios de la empresa, las federaciones de industria de CCOO y UGT, así como con el comité de empresa de la compañía con el fin de “mantenerles informados de los acuerdos adoptados en sus órganos de administración”.

Además, desde el Ejecutivo se recuerda que todas las decisiones tomadas con respecto a esta factoría, al igual que en todas en las que participa Sodercan, son tomadas tras el análisis y votación en el seno del Consejo de Administración, en el que están representados los sindicatos (UGT y CCOO), la patronal CEOE-CEPYME, la Cámara de Comercio de Cantabria, la Universidad de Cantabria y varias consejerías del Gobierno y en base a los informes técnicos y jurídicos elaborados al efecto.

El  Consejo de Administración de Sodercan encargó diversos informes externos para obtener una visión independiente sobre la situación real del proyecto, así como su viabilidad a futuro. El gobierno ha recordado que, de igual manera, las cuentas anuales de FUNDINORTE son también examinadas anualmente por un auditor independiente a petición expresa de ICAF y Sodercan.

De igual manera, todos los fondos desembolsados por el Gobierno de Cantabria han sido debidamente justificados ante ICAF y Sodercan, conforme a los procedimientos establecidos.

Solicitud de compromiso al Grupo Vela

El Ejecutivo ha señalado que Fundinorte, antigua Greyco, es una empresa privada cuya administración concursal decidió en abril de 2016 vender las instalaciones de San Felices de Buelna a los propietarios de Fundinorte, los hermanos Vela, tras validar su plan industrial y de negocio.

Con posterioridad a dicha venta, el Gobierno de Cantabria acordó apoyar dicho plan de fundición con el fin de poner en marcha la nueva planta de San Felices de Buelna, diversificando su producción hacia nuevos sectores, modernizándola y actualizándola paulatinamente. Para ello, encargó la operación, que supuso el compromiso de invertir 3,3 millones de euros de dinero público, al ICAF y Sodercan.

Dos años después, en marzo de 2018, y con la fundición paralizada, la instalación cerrada y el personal afectado por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) aprobado por el comité de empresa, el Gobierno regional solicita a sus propietarios, los hermanos Vela, un compromiso firme para mantener su apoyo.

El compromiso consistía en que el Grupo Vela regularizara las deudas vencidas e impagadas generadas y que se estimaban en algo más de 600.000 euros hasta el pasado mes de marzo. También supuso la obligación de presentar un plan industrial y comercial que acreditara el ritmo de recuperación de clientes en base a pedidos en firme. Todo ello como paso previo a liberar una aportación adicional por parte de la Administración de 352.000 euros.

La solicitud de compromiso al Grupo Vela se acordó por unanimidad y con el aval de informes técnicos y jurídicos en el Consejo de Administración de Sodercan.

Sin embargo, el propietario de la empresa, no sólo no dio respuesta a las peticiones realizadas, sino que inició acciones judiciales ante la negativa de la Administración a liberar cerca de un millón de euros depositados en avales por los dueños de Fundinorte. 

Unos avales que representan las garantías de la Administración para asegurar el destino adecuado de las ayudas a Fundinorte en base al cumplimiento de los compromisos adquiridos, tanto para el mantenimiento del empleo como para poner a pleno funcionamiento la fundición de San Felices de Buelna.

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