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Inspección rutinaria del departamento del Defensor del Pueblo al cuartel de la Guardia Civil de Los Corrales

02 Jun 2017
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Dos técnicos del departamento del Defensor del Pueblo han realizado una inspección rutinaria en el cuartel de la Guardia Civil de Los Corrales de Buelna, dentro del plan nacional de prevención de la tortura. Ha tenido lugar el pasado 24 de mayo y se ha extendido a todas las dependencias del acuartelamiento. Durante la visita se inspeccionaron las instalaciones y los libros de registro y se mantuvieron entrevistas con los responsables y agentes encargados de la custodia de los detenidos. Bien es cierto que como señala el propio informe no había personas detenidas en ese momento en el cuartel.

El Protocolo Facultativo de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes entró en vigor el 22 de junio de 2006 y tiene por objeto la prevención de la tortura mediante el establecimiento de un sistema de visitas periódicas a los lugares de privación de libertad, a cargo de un órgano internacional (el Subcomité para la Prevención de la Tortura, con sede en Ginebra) y de mecanismos nacionales de prevención de la tortura.

Tras la suscripción por el Estado español del citado Protocolo Facultativo, las Cortes Generales decidieron, a finales de 2009, atribuir la condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) de España al Defensor del Pueblo. Esta Institución ya había desarrollado desde el inicio de sus actividades de defensa y protección de los Derechos Fundamentales labores de prevención de la tortura.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de España, como órgano independiente, lleva a cabo un sistema de visitas periódicas a los lugares en que se encuentran personas privadas de libertad con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Para el ejercicio de esta función, el MNP realiza visitas preventivas a centros de privación de libertad dependientes de las distintas Administraciones Públicas españolas. La finalidad de estas inspecciones es verificar que los poderes públicos españoles y el personal a su servicio actúan conforme a los criterios exigidos por la normativa española e internacionalmente aceptados para este tipo de establecimientos, a los efectos de que no se den las condiciones que puedan facilitar malos tratos o prácticas de torturas en estas dependencias. Durante el año 2016 se efectuaron 101 visitas a lugares de privación de libertad.

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