El Gobierno de Cantabria ha iniciado, como consecuencia de las llamadas atendidas en el teléfono puesto a disposición de los afectados por la Ley de Montes, 213 expedientes, de los cuales 145 ya están resueltos. Éstos han sido algunos de los resultados que la consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz, y la titular de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Blanca Martínez, han presentado a la plataforma de afectados, durante la Comisión de Seguimiento, que se ha celebrado esta tarde, durante cerca de tres horas.

De los expedientes resueltos, según ha explicado Díaz, en 85 de ellos se ha determinado la no afectación de las fincas por la ley de Montes “de manera que quedan íntegramente resueltos”. “En otros 50 casos, se ha establecido que sí se encuentran en monte de utilidad pública y 13 son de naturaleza mixta”.

Además, la titular de Justicia ha anunciado que, a partir de enero, se licitará una asistencia técnica, con el objetivo de que un grupo de ingenieros trabajen en exclusiva en la resolución de expedientes y la búsqueda de soluciones y alternativas “para dar mayor celeridad posible a toda esta problemática”.

“El camino se recorre andando y nosotros estamos poniendo por nuestra parte todo el esfuerzo para intentar solventar el problema lo antes posible”, ha afirmado Leticia Díaz, quien ha asegurado que “es importante que los afectados confíen en que la administración está buscando todas las vías posibles de solución porque eso nos facilitará el trabajo a todos”.

Por su parte, Blanca Martínez ha destacado los avances del Gobierno en “los seis meses que llevamos con ello”. “Estamos trabajando en informes jurídicos que en marzo o abril pondremos sobre la mesa y hoy hemos puesto sobre la mesa expedientes resueltos, en temas de viviendas, que bajo nuestro punto de vista son primordiales”.

Soluciones jurídicas

Durante la Comisión, además, la consejera de Presidencia han explicado a los afectados las soluciones jurídicas que el Gobierno está poniendo en marcha para solucionar los casos en los que ha quedado determinada que la finca está dentro de un monte de utilidad pública.

Es el caso de la desafectación, cauce legal por el que ya se ha resuelto un expediente que afectaba a 13 familias en el ayuntamiento de San Pedro del Romeral. Además, según ha precisado, se está trabajando en algunos casos similares en Los Corrales de Buelna, Bárcena de Pie de Concha y en Solórzano.

La revisión del catálogo para aquellos montes nos deslindados es otra de las alternativas legales que ha planteado el Gobierno. Así, la consejera ha afirmado que a principios de año, la Dirección General de Montes comenzará a trabajar en ello “ayuntamiento por ayuntamiento”, en palabras del director general, Javier Manrique, con la previsión de publicar en el BOC esta revisión y permitir, de este modo, a los interesados hacer las alegaciones que consideren.

Las roturaciones arbitrarias y la usucapión, que permite el registro de la finca a nombre de la persona que haya tenido su posesión pacífica, ininterrumpida, en concepto de dueño, durante al menos 30 años, son los otros dos “cauces jurídicos” que el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa para dar alternativas a los afectados.

Calendario de visitas fijado

La consejera de Presidencia ha explicado, además, que el Gobierno va a trabajar sobre un calendario de visitas a los ayuntamientos, donde se informará previamente a los vecinos, para que puedan estudiar con los cinco técnicos de la dirección general de Montes la documentación que tienen y reciban el asesoramiento de la administración sobre la documentación complementaria en caso de que fuera necesario.

Actualmente, se está trabajando en Viérnoles y la previsión del Ejecutivo es continuar por el municipio de Cartes.