El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, junto con el alcalde de Bárcena de Pie de Concha, José Félix de las Cuevas (PP), han inaugurado la nueva red general de abastecimiento de agua de la localidad. El recién estrenado abastecimiento, en el que se han invertido más de 121.000 euros del Plan de Obras y Servicios del Gobierno de Cantabria (POS), transcurre entre la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Bárcena y el campo de fútbol, a las puertas del casco urbano, sustituyendo a la vieja tubería que tenía más de 40 años de antigüedad. Las obras, realizadas por la empresa Senor, han consistido en sustituir 1.200 metros de tuberías de fibrocemento por otras de fundición dúctil.
Fernández destacó que la nueva red de abastecimiento de agua pasa por terreno público, “mientras la antigua tubería discurría por fincas particulares, lo que suponía un gasto añadido cada vez que había algún problema”, dijo, “ya que había que indemnizar a los propietarios”. Por su parte, De las Cuevas afirmó que con esta obra “el pueblo tiene asegurado el agua potable en condiciones para, al menos, los próximos 30 años”. El alcalde enfatizó el trabajo desempeñado desde el Ayuntamiento y financiado por el Gobierno regional para poder poner fin al plan de saneamiento integral del municipio.
Tras la conexión de nuevas redes de saneamiento con el interceptor general del Besaya, en el barrio La Collada se incorporaron las aguas residuales, por bombeo, al colector de La Quintana, se actuó en la cabecera del colector de Pie de Concha, en la zona del barrio La Iglesia, en la antigua carretera de Bárcena y Caballio, y, por último, en Cobejo, donde se separaron las aguas pluviales. Ahora se ha rematado la red de agua. Como señaló el alcalde «gastamos el dinero en lo que no se ve, pero es lo primordial, una buena red de agua y de saneamiento, porque el resto está en muy buenas condiciones». También recordó que de los 121.000 euros, el Gobierno regional ha aportado 69.000, el Ayuntamiento 6.000 y el Gobierno estatal 46.000 euros.
