Las caras de los reunidos ayer en las antiguas escuelas de San Mateo de Buelna lo decían todo. Los afectados por el corrimiento de tierras de la ladera sobre la que se levanta el barrio del Calero habían convocado una asamblea informativa y los vecinos volvieron a responder con una asistencia masiva. Era la tercera y nada tenía que ver con las dos anteriores. Lejos de las tensiones de las dos primeras, acuciados por una situación que les desbordaba, en esta se respiraba tranquilidad, la que da celebrar la llegada de una solución a todos sus problemas que, ellos mismos reconocen, llevaban esperando meses, desde finales de enero, cuando una tormenta descomunal truncó sus vidas. Fue una asamblea que sirvió para explicar la doble solución, técnica y jurídica, puesta sobre la mesa por el Gobierno regional, y también para mostrar su agradecimiento a cuantos han hecho posible llegar a ese punto de tranquilidad.

También se aclaró que la reivindicación no ha terminado y que seguirán manteniendo contactos con el nuevo gobierno municipal para acelerar la ejecución de esa solución. Para ello solicitarán desde este mismo viernes nuevas reuniones, que quieren extender a todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna.

Allí estaban representadas las nueve familias que aún viven en casas alquiladas o con sus familias y amigos. Han pasado de temer que el regreso a sus hogares sería un imposible a marcar los días que quedan en el calendario para la vuelta a sus casas.

Allí estaban también representados los propietarios de los terrenos, aliviados tras un mes en el que han tenido el agua al cuello, ahogados por una factura que tenía nombre y apellidos, 250.000 euros para reparar las grietas de la ladera. El aire llega por fin a sus pulmones y pueden respirar tranquilos, desahogando las penas que les tenían angustiados.

Allí estaban las familias que al poco del desalojo pudieron volver a sus casas del Calero, con más miedo que vergüenza, como siempre han reconocido. Decía Ana Quevedo que aún tendrá que pasar un tiempo hasta que el miedo se aleje del todo. "Tantas tensiones acumuladas con tantas informaciones contradictorias no se va pronto pero ahora ya estamos más contentos y tranquilos".

Han demostrado ser pacientes, con tanta campaña electoral por medio, y ahora saben que aún tendrán que serlo durante unos días, hasta que los gobiernos regional y local se pongan en marcha y agilicen las soluciones propuestas el pasado 14 de junio, un remedio a largo plazo que esperan se ejecute en el menor tiempo posible.

En las antiguas escuelas de San Mateo los portavoces de los afectados trasladaron a los vecinos las explicaciones dadas desde la Consejería de Obras Públicas y la de Presidencia el pasado viernes. Incidieron en el informe jurídico realizado por la Dirección General de la Administración Local, que dejaba claro que los costes de las obras a realizar para subsanar el corrimiento de tierras serían asumidos por la Administración, "ya que excedían el deber de conservación que los propietarios de los terrenos tienen sobre ellos". También pusieron el punto de mira en las actuaciones a realizar en los terrenos. En la primera fase, se realizara la instalación de carriles de acero hincados en el terreno. En la segunda fase, se llevará a efecto una zanja integrada por grava y geotextiles para facilitar el drenaje y el filtrado del agua interior hacia el rio. El plazo de ejecución de las obras será de dos meses, pudiendo comenzar las mismas en torno al mes de noviembre, con lo que todos, sin poder evitarlo, han puesto el punto de mira en las próximas navidades. Un posible regalo de Reyes Magos si todo va bien.

Casi cinco meses de larga espera

No podía faltar un resumen de lo sucedido según su punto de vista, unos acontecimientos que se desataron el 26 de enero cuando se produjo un corrimiento de tierras en el pueblo de San Mateo que entonces obligó a desalojar a 12 familias. Los vecinos recuerdan que en ese momento empezaron a movilizarse para solicitar una pronta solución y poder volver con seguridad a sus casas, pero tuvieron que esperar hasta el 12 de abril, día en que el Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna presentó los resultados de un informe técnico que explicaba las posibles causas del corrimiento y trazaba un plan de actuación en los terrenos afectados para solucionar el problema.

En un primer momento, los afectados afirman que recogieron con agrado la solución aportada por el Ayuntamiento, sentimiento "que en pocos días se fue tornando en sorpresa y desagrado debido a las contradicciones encontradas en el informe y al intento del Consistorio de  repercutir el coste de las obras, unos 250.000 euros, en los propietarios de los terrenos afectados".

Desde ese momento, los afectados comenzaron una nueva etapa de su lucha reuniéndose  con diversos representantes de la Administración local y regional, presentando ante la Delegación del Gobierno más de 6.000 firmas y denunciando ante los medios de comunicación su situación. "Todo ello para intentar que se llegara al fondo de las verdaderas causas que provocaron el argayo, así como, para conseguir una vuelta segura de las familias desalojadas sin repercutir el coste de las obras en los dueños de los terrenos". Aseguran que gracias a esa presión social, el Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna solicitó a principios de mayo un informe jurídico a la Dirección General de Administración Local para profundizar en las opciones jurídicas que existían para poder financiar desde la Administración la obra del argayo. Un informe que a la postre ha sido determinante, al abrir la puerta a una intervención pública en la Peña de San Mateo.

Agradecimientos

Los afectados dieron las gracias por todo el apoyo recibido por parte de los vecinos del pueblo, de la comarca y de toda la región, "que se han volcado en el apoyo diario y en la recogida de firmas". Además, agradecieron "la empatía, buen hacer y compromiso" mostrado por los titulares de las Consejerías de Obras Públicas y Presidencia, así como de la Delegación del Gobierno. Trasladan también su agradecimiento a otros representantes de la Administración, como el director general de la Administración Local, el de Obras Públicas y a los alcaldes de San Felices de Buelna, Arenas de Iguña y Anievas.