Los afectados por el corrimiento de tierras de San Mateo de Buelna ya pueden respirar tranquilos. Tras casi cinco meses de penuria, ayer pudieron escuchar de primera mano la solución que el Gobierno regional ha preparado para dar por terminado su sufrimiento, para que unos puedan volver a sus casas, otros duerman en ellas sin sobresaltos y, los propietarios de los terrenos afectados se quiten de encima una losa económica que apenas les dejaba vivir. Una solución "definitiva" que pagará la Administración pública y que podría permitir el regreso de casi una decena de familias a sus hogares del barrio del Calero para finales de este año.

Los vecinos salían de la reunión "alegres tras escuchar las palabras que llevábamos meses esperando", dijo Ana Quevedo, una de las portavoces. Ninguno soltaba los móviles, hablando con el resto de familiares, vecinos, amigos, para trasladarles "una solución justa y a largo plazo" que da respuesta, decía, "a nuestras peticiones y atiende lo que hemos dicho desde el principio, la importancia de las aguas subterráneas en ese problema".

Los consejeros en funciones de Presidencia y Justicia, y de Obras Públicas y Vivienda, Paula Fernández Viaña y José Luis Gochicoa, respectivamente, explicaron a los vecinos  el plan de actuación ante el deslizamiento del terreno provocado por las inundaciones del pasado mes de enero.

La intervención a realizar tendrá un coste de 180.000 euros, financiados por el Gobierno cántabro y el Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna, y se ejecutará en dos fases, que podrían estar concluidas antes de que finalice el año.

Paula Fernández y José Luis Gochicoa traladaron a los afectados las conclusiones de un informe geotécnico y otro jurídico encargado por el Ejecutivo cántabro que establecen que, al tratarse de un problema de fuerza mayor, la solución excede del deber de conservación de los vecinos y, por ello, aunque la competencia es municipal, el Gobierno de Cantabria puede apoyar al Ayuntamiento en la ejecución de la solución.

Gochicoa dijo confiar en que la intervención, que tendrá un plazo de ejecución "no superior a un par de meses", pueda iniciarse cuanto antes, previsiblemente en octubre o noviembre, para lo que el Gobierno tratará de agilizar la tramitación todo lo posible.

La reunión tuvo lugar en la sede de la Consejería de Obras Públicas y en ella también estuvieron presentes el director general de Administración Local, Pedro García Carmona; el director general de Obras Públicas, Manuel del Jesus; la alcaldesa de Los Corrales, Josefina González, el concejal de Obras y Urbanismo, Luis Ignacio Argumosa Abascal, y varios vecinos afectados.

La alcaldesa expresó su "satisfacción total por haber logrado dar solución a un problema complejo", permitiendo, dijo, "que los vecinos puedan recuperar la normalidad cuanto antes". "Se ha abierto jurídicamente la puerta a que las administraciones nos hagamos cargo de la obra y solucionar el problema de manera definitiva", añadió, para apuntar que "somos pioneros, hemos logrado abrir un cauce que permitirá una actuación inmediata en casos similares en un futuro". "Hoy es un gran día para todos", afirmó.

Por parte de los afectados, José Manuel Ceballos, propietario de una de las viviendas del Calero e hijo de otros vecinos del barrio, agradeció el esfuerzo del Gobierno, dijo, añadiendo que "con saber que vamos a poder volver a nuestras casas y que los dueños de las fincas van a poder descansar nos damos por satisfechos".

Ana Quevedo insistió en que "aún no tenemos el informe técnico pero el geólogo nos ha explicado que todas las aguas que pasan por las fincas vienen de la parte de arriba de la Peña y por lo tanto influyen en la situación de esa ladera, convirtiendo el problema en causa de fuerza mayor". "Ahora hay que tener paciencia porque hay que cumplir los trámites legales, pero ya tenemos la solución sobre la mesa".

Solución proyectada

Gochicoa explicó que los trabajos se van a ejecutar en dos fases. Una primera, en la parte baja del terreno, es la que requiere "mayor trabajo técnico y más medios, al ser la más importante por evitar el riesgo de las viviendas". En esa zona se va a proceder a la instalación de carriles de acero hincados en el terreno y atados con vigas de hormigón para que, una vez finalizada la actuación, pueda ejercer como pantalla y evitar cualquier otro deslizamiento. Una actuación para la que ya se cuenta con proyecto y presupuesto, unos 90.000 euros.

En la segunda fase se realizará una zanja integrada por grava y geotextiles para facilitar el drenaje y el filtrado del agua interior hacia el río. 

A su finalización, los propietarios del terreno podrán reconstruir el paisaje y tendrán la garantía de que la medida adoptada evitará cualquier tipo de alteración en el interior de la ladera que pudiera provocar un nuevo deslizamiento.