Los alcaldes de los valles de Buelna, Iguña y Cieza solicitarán al delegado del Gobierno, Samuel Ruiz, que se mantengan abiertas las oficinas de atención al público en los cuarteles de la Guardia Civil de Los Corrales de Buelna y Molledo en una reunión conjunta prevista para el martes 17 a la una del mediodía en la sede de la Delegación del Gobierno en Santander.

Los regidores de toda la comarca se reunieron este jueves en el Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna y coincidieron en la necesidad de mantener un servicio cercano para una población con una media de edad alta y en la que se encuentran más de una veintena de núcleos rurales. Se mostraron preocupados por el posible cierre pero decididos a defender ese servicio, a la espera de la información que les traslade oficialmente Samuel Ruiz.

En el Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna estuvieron la alcaldesa de Molledo y presidenta de la Mancomunidad de los valles de Iguña y Anievas, Teresa Montero; el alcalde de Arenas de Iguña, Pablo Gómez; el de Bárcena de Pie de Concha, Agustín Mantecón; el de San Felices de Buelna, José Antonio González Linares; el de Cieza, Agustín Saiz; y la anfitriona, Josefina González.

En principio, y a falta de una comunicación oficial y por escrito que no se ha producido aun, la decisión sobre el cierre de las oficinas de atención al público se llevaría a efecto el 1 de febrero con el objetivo puesto en destinar los agentes que atienden ese servicio a incrementar las patrullas en la calle. Pero los alcaldes han incidido en varias cuestiones que marcan la necesidad de mantener abiertas esas oficinas al menos con cierta periodicidad o permitir que ante un hecho concreto se pueda diligenciar la denuncia desde el cuartel más próximo, aprovechando el contacto personal entre agentes y afectados tras la comisión de un delito. De otra forma, según señalaban los alcaldes, lo que se hace es dificultar, especialmente para la gente mayor y sin recursos, la posibilidad de denunciar hechos delictivos que puedan sufrir, más en un tiempo de incremento de delitos, como apuntaba la alcaldesa de Los Corrales. Explicó que reunió a los alcaldes para "poner en común su postura" e incidió en la necesidad de conocer "de primera mano cómo se va a gestionar ese cierre". Confirmó que los regidores "estamos de acuerdo en no perder un servicio básico, no perder la conexión humana en un momento duro como es el que se sufre ante un hecho delictivo".

Teresa Montero incidió en ese acuerdo general y la necesidad de tener "información directa y concluyente" por parte del delegado del Gobierno, "porque no se puede dejar sin servicio a una población en gran medida muy mayor obligándola a desplazarse a Reinosa o Torrelavega para interponer una denuncia".

Agustín Saiz, alcalde popular de Cieza, incidió en que "me gustaría oír del propio delegado los motivos para ese cierre" y añadió que "como alcalde de un municipio rural me parece poco serio cerrar un servicio así, porque una forma de proteger y fortalecer el mundo rural es mantener los pocos servicios que nos van quedando".

Pablo Gómez, alcalde de Arenas de Iguña, aseguró no entender en qué medida va a repercutir en ganar patrullas en la calle esa medida y Agustín Mantecón, alcalde de Bárcena de Pie de Concha, ambos regionalistas, recordó la lejanía de algunos núcleos rurales como Pujayo a la hora de perder ese servicio.