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Artículos por fecha: Miércoles, 01 Agosto 2018

El gobierno de Los Corrales de Buelna ha mostrado su sorpresa ante el hecho de que ninguna familia numerosa de la localidad se haya acogido a la nueva bonificación aprobada el pasado año que eleva para hogares con tres hijos o más el consumo máximo de 30 a 35 metros cúbicos, ampliando un 14% el tramo de gasto de agua sin carga.

La pregunta partió de la concejala popular Mayte Martínez, interesada en saber cuántas personas se habían acogido a las dos nuevas medidas incluidas en la reformada ordenanza fiscal de suministro de agua: la que reduce la renta per cápita para bonificaciones y la que se refiere al consumo de agua para familias numerosas. La concejala de Economía y Hacienda, Graciela Solis, respondió que antes de la reforma se acogían a las bonificaciones por renta 64 personas y tras la reforma son, de momento, dijo, 71. En la respuesta reconoció la sorpresa del gobierno local por no haber ninguna familia numerosa acogida a esa reforma, adelantando que se hará una campaña para publicitar esas bonificaciones.

La alcaldesa socialista, Josefina González, ha reconocido que la pregunta de la concejala popular "ha sido de las que aportan y no restan, ya que nos puso en el camino de aplicar unas mejoras ya aprobadas pero que no han tenido la repercusión esperada".

Recordó que el año pasado se aprobó la nueva ordenanza fiscal de suministro de agua potable, modernizando e incrementando los supuestos que permiten a los contribuyentes acogerse a bonificaciones del 50% en el coste del recibo. También se amplió el máximo de consumo establecido para hogares con familias numerosas, más de cuatro miembros, pasando de 30 metros cúbicos a los 35.

Tras la pregunta de Mayte Martínez, dijo, "nos dimos cuenta de que no se había dado de alta en esa bonificación ninguna familia numerosa, con lo que recordamos que simplemente es acercarse a la oficina de la empresa que gestiona el servicio de agua y acreditar la condición de familia numerosa y el empadronamiento en Los Corrales de Buelna. "El ahorro es importante y se trataba de beneficiar a esas familias numerosas en un pueblo con población joven", señaló. Se estima que en Los Corrales hay cerca de un 5% de hogares con más de cuatro personas.

La alcaldesa explicó también que la anterior ordenanza era "decimonónica", con apartados que establecían bonificaciones para 'personas incluidas en el padrón de beneficencia como pobres de solemnidad'. Esos apartados se han modernizado y sustituido por bonificaciones del 50% para aquellas personas que no superen el Salario Mínimo Interprofesional, familias numerosas que no ingresen más de 2,5 veces ese SMI, perceptores de renta social básica, del subsidio por desempleo o dependientes, "un número importante de vecinos en este municipio".

Además explicó que otra novedad en la ordenanza es la puesta en marcha del recibo electrónico, destinando la empresa adjudicataria del servicio el ahorro que supondrá ese cambio a proyectos sociales en Los Corrales de Buelna a través de los Servicios Sociales del Ayuntamiento. Se ha estimado que la medida supondrá un ahorro del 0,28% en el recibo.

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El grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna presentó en el último pleno ordinario una batería de trece preguntas y nueve ruegos "con el objeto de hacer salir de su letargo a un equipo de gobierno más preocupado por criticar al ejecutivo anterior y por hacerse fotos que por gestionar".

Entre otras cuestiones, el PP ha solicitado que se lleve a cabo una revisión del arbolado del municipio y se adopten medidas en aquellos casos que las ramas topan con cableado eléctrico, a fin de evitar accidentes. También han requerido al gobierno a que se proceda a rematar la plaza del Isprón, en San Mateo, "ocultando debidamente los cables eléctricos que se dejaron a la vista y al alcance de los niños cuando se realizó la obra en el mes de abril".

Igualmente piden que se limpie y acondicione el entorno de un local situado en la Avenida de Cantabria, propiedad de la antigua Electra de Viesgo, "ante su estado de abandono y suciedad".

Desde el PP consideran necesaria la sustitución de los ventanales del pabellón del complejo deportivo Luis Andrés Samperio, "en aras a garantizar la seguridad de los vecinos y visitantes". En ese mismo campo, piden que se pinten los vestuarios de las piscinas de verano, afectados, apuntan, por la humedad y el moho, o que se repararen las pistas de tenis, "deterioradas por el uso y la falta de mantenimiento", y que se cubran las mismas "para atender debidamente las necesidades de la escuela municipal, que cuenta con una media de 100 alumnos".   

Por otra parte el grupo municipal popular requiere al equipo de gobierno que se adopten las medidas oportunas para tapar todos los baches abiertos, "algunos durante meses", por la instalación de la fibra óptica, y que se acuerde recoger las bolsas de basura resultante de la limpieza de arquetas "que permanecen durante días en las aceras".

Medidas para San Andrés

El PP de Los Corrales de Buelna ha insistido por segunda vez en una semana en la "necesidad" de adoptar medidas "urgentes" en el barrio de San Andrés "para solucionar la "situación de caos" generada por la demolición del puente Renero.

Piden la instalación de una pasarela peatonal adyacente al puente de San Andrés que garantice la seguridad de los peatones "ante el extraordinario paso de vehículos a raíz de la sustitución del puente Renero"; que se fijen las barandillas del puente de San Andrés; que se unifiquen las señales que se han instalado para regular el tráfico por el barrio, limitando alturas y velocidad; y que se señalice el estrechamiento en las proximidades del puente.

Finalmente los populares han solicitado que se cree una comisión en la que participen Tráfico, Guardia Civil y Policía Local, a fin de garantizar la seguridad de los vecinos y de los vehículos que utilizan "masivamente" ese trayecto.

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La plantilla de Fundinorte y algunos familiares, antiguos trabajadores y amigos se manifestaron en Santander, frente a la Delegación del Gobierno, para pedir soluciones a la crisis que atraviesa la fundición de San Felices de Buelna. El delegado del Gobierno, Pablo Zuloaga, les recibió, escuchando sus peticiones y comprometiéndose a interceder ante el Gobierno regional.

En un encuentro que ha durado algo más de cuarenta minutos, Francisco González, presidente del comité de empresa, ha explicado al delegado cual es la situación “insostenible” de los trabajadores y sus familias. En la reunión, los trabajadores además, han explicado al delegado del gobierno, que en los últimos días, “han podido observar cómo se están sacando materiales de la fábrica”.

Los trabajadores también han solicitado al delegado que interceda para provocar una reunión  a varias bandas entre el empresario, Gobierno de Cantabria, Sodercan y trabajadores, para poder plantear el futuro de las 53 familias antes de que se terminen los plazos de ejecución del ERE y la posible liquidación.

Tras atender a las explicaciones del comité, Pablo Zuloaga se ha comprometido a dar traslado de la situación planteada por los trabajadores al Gobierno de Cantabria a través del presidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla buscando que se aseguren los derechos de los trabajadores y el patrimonio público

Nota del Gobierno de Cantabria

El Gobierno de Cantabria hizo pública una nota al término de esa reunión en la que asegura que continúa “sin recibir noticias” del compromiso del Grupo Vela con la planta de San Felices de Buelna y ha asegurado que el propietario sigue sin responder a la propuesta de viabilidad planteada por el Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF) y la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria (Sodercan) para poner de nuevo en marcha la factoría, recuperar la cartera de clientes y la actividad industrial, y así resolver la situación generada a los trabajadores.

Ha indicado que tampoco ha recibido ninguna alternativa por parte de la propiedad de la empresa, que hasta el momento “no ha ofrecido formalmente ni a ICAF ni a Sodercan ningún tipo de garantía o aval que garantice el futuro de la planta”.

Todo ello, -sostiene- a pesar de que, desde principios de 2018, ambas entidades públicas vienen manteniendo reuniones con los propietarios de la empresa, las federaciones de industria de CCOO y UGT, así como con el comité de empresa de la compañía con el fin de “mantenerles informados de los acuerdos adoptados en sus órganos de administración”.

Además, desde el Ejecutivo se recuerda que todas las decisiones tomadas con respecto a esta factoría, al igual que en todas en las que participa Sodercan, son tomadas tras el análisis y votación en el seno del Consejo de Administración, en el que están representados los sindicatos (UGT y CCOO), la patronal CEOE-CEPYME, la Cámara de Comercio de Cantabria, la Universidad de Cantabria y varias consejerías del Gobierno y en base a los informes técnicos y jurídicos elaborados al efecto.

El  Consejo de Administración de Sodercan encargó diversos informes externos para obtener una visión independiente sobre la situación real del proyecto, así como su viabilidad a futuro. El gobierno ha recordado que, de igual manera, las cuentas anuales de FUNDINORTE son también examinadas anualmente por un auditor independiente a petición expresa de ICAF y Sodercan.

De igual manera, todos los fondos desembolsados por el Gobierno de Cantabria han sido debidamente justificados ante ICAF y Sodercan, conforme a los procedimientos establecidos.

Solicitud de compromiso al Grupo Vela

El Ejecutivo ha señalado que Fundinorte, antigua Greyco, es una empresa privada cuya administración concursal decidió en abril de 2016 vender las instalaciones de San Felices de Buelna a los propietarios de Fundinorte, los hermanos Vela, tras validar su plan industrial y de negocio.

Con posterioridad a dicha venta, el Gobierno de Cantabria acordó apoyar dicho plan de fundición con el fin de poner en marcha la nueva planta de San Felices de Buelna, diversificando su producción hacia nuevos sectores, modernizándola y actualizándola paulatinamente. Para ello, encargó la operación, que supuso el compromiso de invertir 3,3 millones de euros de dinero público, al ICAF y Sodercan.

Dos años después, en marzo de 2018, y con la fundición paralizada, la instalación cerrada y el personal afectado por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) aprobado por el comité de empresa, el Gobierno regional solicita a sus propietarios, los hermanos Vela, un compromiso firme para mantener su apoyo.

El compromiso consistía en que el Grupo Vela regularizara las deudas vencidas e impagadas generadas y que se estimaban en algo más de 600.000 euros hasta el pasado mes de marzo. También supuso la obligación de presentar un plan industrial y comercial que acreditara el ritmo de recuperación de clientes en base a pedidos en firme. Todo ello como paso previo a liberar una aportación adicional por parte de la Administración de 352.000 euros.

La solicitud de compromiso al Grupo Vela se acordó por unanimidad y con el aval de informes técnicos y jurídicos en el Consejo de Administración de Sodercan.

Sin embargo, el propietario de la empresa, no sólo no dio respuesta a las peticiones realizadas, sino que inició acciones judiciales ante la negativa de la Administración a liberar cerca de un millón de euros depositados en avales por los dueños de Fundinorte. 

Unos avales que representan las garantías de la Administración para asegurar el destino adecuado de las ayudas a Fundinorte en base al cumplimiento de los compromisos adquiridos, tanto para el mantenimiento del empleo como para poner a pleno funcionamiento la fundición de San Felices de Buelna.

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